Socio Local: CEDESCO
Financiador(es): GENERALITAT DE CATALUNYA
Cuantía total del proyecto: 72.653,68 €
Subvención: 65,000,00 €
Duración: Septiembre 2015-Noviembre 2016
Descripción del proyecto
La situación de las mujeres indígenas-campesinas del municipio de Torotoro es preocupante. Si bien, en los últimos años hay avances a favor de la equidad de género, las mujeres sufren la triple discriminación, característica en las zonas rurales de Bolivia: la discriminación relacionada con su situación de pobreza, la discriminación por ser indígenas y la de género.
El proyecto pretende generar un proceso de fortalecimiento de las capacidades de los titulares de las obligaciones (gobierno municipal) y de las organizaciones representativas de los titulares de los derechos (organizaciones originarias campesinas y de mujeres) para crear un marco institucional y legal participativo (resultado 1 y 2 del proyecto) así como un marco operativo (resultado 3 del proyecto) que promueva con normas e iniciativas concretas, a nivel municipal, los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.
Por ello, el resultado 1 apunta a la apropiación social y ciudadana de la COM apoyando el gobierno municipal en la celebración del referéndum sobre la misma; el resultado 2 mejora las capacidades de los políticos locales (en particular de las mujeres indígenas concejalas) y de las organizaciones y apoya el proceso de formulación participativa de leyes municipales de promoción de los derechos de las mujeres y de promoción de la lengua y cultura indígena; el resultado 3 mejora las capacidades de los políticos locales y de las organizaciones y apoya el proceso de elaboración participativa de reglamentos y de proyectos concretos para integrar en el presupuesto y en el POA municipal.
En resume, el proyecto promueve un proceso endógeno de promoción de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas a nivel municipal en Torotoro, basado en el fortalecimiento de las capacidades de titulares de derechos y de obligaciones de acuerdo al EGiBDH que permite crear las bases institucionales, legales y operativas para que la promoción y el ejercicio de dichos derechos entren a formar parte del funcionamiento del municipio y se normalicen como políticas municipales institucionalizadas.
